Propiedad intelectual, ciencia abierta y privatización del conocimiento

Por Eduard Aibar
Profesor de los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC
Investigador del Grupo Open Science & Innovation (OSI)  

En enero de 2013 el escritor y activista en temas de internet Aaron Swartz se suicidó a la edad de 26 años. Había sido acusado por un fiscal federal de Estados Unidos de obtener información de forma ilegal y de querer hacerla accesible en la red, por lo que se enfrentaba a una posible sentencia de 35 años de prisión y a una multa de hasta un millón de dólares. La información que Swartz había descargado ilegalmente no consistía en datos bancarios privados, en informes militares, en secretos industriales, ni en documentos confidenciales del gobierno. Se trataba de algo muy diferente: artículos científicos ya publicados previamente en revistas académicas. En concreto, un conjunto de 4,8 millones de artículos alojados en el repositorio digital JSTOR, que Swartz quería hacer públicos de forma abierta y gratuita (Aibar, 2014).

Durante la década de los noventa se extendió en el mundo académico la idea de que la emergencia de internet y de la World Wide Web harían muy pronto posible el sueño de convertir la inmensa mayoría de las publicaciones científicas en documentos fácilmente accesibles por medio de la red, del mismo modo que estas tecnologías parecían abrir la puerta al acceso universal a muchos recursos y expresiones culturales. No obstante, la realidad actual es que la gran mayoría de los artículos científicos solo son accesibles previo pago —a menudo a cambio de suscripciones muy caras— a pesar del gran crecimiento experimentado por las revistas de acceso abierto. Solo un 28 % de los artículos científicos que se publican son de acceso abierto (Piwowar y otros, 2018).

Propiedad intelectual y acceso abierto

Cuando se buscan culpables de esta situación, las leyes de Propietat Intelectual suelen ser las principales sospechosas. Las leyes de propiedad intelectual se crearon en el siglo XVII como una forma de asegurar a los autores un monopolio temporal sobre la explotación de sus obras, para incentivar su creación y diseminación en la sociedad. La filosofía subyacente era, sin embargo, que el dominio público debía ser la regla y la propiedad intelectual, la excepción (Boyle, 2003). Con todo, durante el siglo xx, este principio fue invirtiéndose y los derechos de propiedad intelectual se ampliaron, tanto en relación con su duración como con su alcance.

Esta tendencia, aún observable hoy en día, está afectando de diversas maneras al intercambio de información científica. En el caso español es conocido el largo enfrentamiento entre el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO, una entidad privada que gestiona los derechos de autor en el sector del libro) y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) respecto al uso de recursos académicos en la docencia universitaria. Pero, asimismo, cabe recordar que la mayoría de las revistas científicas obligan a los autores a cederles los derechos antes de publicar sus artículos. Dado que el grueso de las sociedades científicas (entidades sin ánimo de lucro), a lo largo del siglo xx, han ido transfiriendo el control de sus revistas a empresas editoriales privadas, la consecuencia —además de un incremento en el precio de la página publicada que algunos estudios calculan que se ha multiplicado por seis— ha sido una crisis patente en el sistema de publicación científica y un cuestionamiento del papel de las universidades en el proceso: En la actualidad, no solo financian la labor de sus investigadores y la ceden gratuitamente a editoriales privadas, sino que después se la vuelven a comprar, por medio de sus bibliotecas, a precios astronómicos. En nuestros días un grupo de cinco grandes editoriales multinacionales controlan la mayoría de las revistas científicas, obtienen beneficios multimillonarios e, incluso, han sabido utilizar el movimiento de acceso abierto para aumentarlos.

Patentes y privatización de la ciencia

Pero las leyes de propiedad intelectual están afectando a la ciencia de otra forma, tal vez mucho más determinante, en una de sus parcelas: la propiedad industrial, es decir, las patentes. A principios de los años ochenta empezaron a ampliarse espectacularmente las condiciones de lo que podía ser patentado. Por un lado, se concedieron derechos de propiedad industrial a los resultados de investigaciones cada vez más fundamentales. Por otro, comenzaron a patentarse resultados que provenían de saberes públicos y que podían haber sido publicados en revistas científicas. La situación actual es que «las regulaciones que restringían las patentes teniendo en cuenta la utilidad y el uso se han relajado mucho, y el resultado ha sido que ha aumentado considerablemente la posibilidad de controlar el uso comercial de los saberes científicos» (Pestre, 2008: 101).

En 1980 se aceptó la patente de una bacteria concebida en un laboratorio y en 1988, la de un ratón modificado genéticamente. De hecho, más del 84 % del ADN humano está hoy afectado por patentes que son propiedad de diversas instituciones, tanto públicas como privadas. Actualmente están patentándose algoritmos matemáticos, procedimientos de diagnóstico, métodos de gestión, tecnología biológica, secuencias de genes, organismos modificados y todo un largo etcétera de resultados científicos cada vez más básicos. Y, en este contexto, las mismas universidades que firman proclamas en favor del acceso abierto al conocimiento científico y la ciencia abierta, y que promueven la publicación en abierto entre su personal docente e investigador (PDI), lo alientan simultáneamente a patentar sus resultados —y a crear empresas emergentes o filiales— en cuanto se vislumbra una posible aplicación comercial. Una estrategia que, además de impedir la reutilización de estos resultados por otros investigadores, se ha demostrado altamente ineficiente porque solo una pequeñísima parte de las universidades obtienen un rendimiento económico positivo de sus patentes.

El giro neoliberal de la ciencia contemporánea

Todo ello, sin embargo, va más allá de las leyes de propiedad intelectual y forma parte de lo que muchos especialistas denominan una nueva fase histórica en la organización social de la ciencia y de sus relaciones con la industria, el Estado y las finanzas. Se trata del llamado giro neoliberal que comienza en la década de los años ochenta y que se caracteriza fundamentalmente por la creciente subordinación de la ciencia a los intereses privados (principalmente, de empresas y grandes corporaciones) y, asimismo, a la reestructuración de la actividad científica de acuerdo con la lógica de la competencia y de la comercialización de sus resultados (Mirowski, 2011).

Hay que recordar, en este sentido, que más de dos tercios de la investigación científica actual son de carácter privado: o bien se llevan a cabo en el seno de empresas y organismos privados, o se desarrollan, con fondos privados, en el seno de instituciones públicas como las universidades (por medio de investigación contratada, de doctorados industriales, de convenios de colaboración con empresas…). De hecho, se observa un decrecimiento continuo en la financiación pública de la investigación durante las últimas tres décadas. El equilibrio entre ciencia pública y privada, que existió a lo largo de la mayor parte del siglo XX, se ha roto en beneficio de la segunda (David, 2004) y debe tenerse en cuenta que la ciencia privada es, en gran medida, ciencia propietaria y cerrada, esto es, que no permite el acceso libre a sus contenidos o resultados, ni su posterior reutilización. Una situación que debería hacernos reconsiderar nuestro conocido mantra de «toda investigación financiada públicamente debe ser publicada en abierto».

La transformación neoliberal de la ciencia contemporánea afecta especialmente a las universidades, que se conciben y gestionan, cada vez más, como empresas o corporaciones multinacionales (Halffman y Radda, 2015). Los organismos de decisión y de poder en la universidad están pasando del sector académico al administrativo. Así, en Estados Unidos, por ejemplo, desde 2006 el porcentaje de personal fijo en el sector administrativo supera al académico en la mayoría de las universidades y, en este, se aprecia una creciente polarización entre una pequeña élite de profesores bien pagados y con recursos y una mayoría de personal académico altamente precarizado. Está produciéndose, igualmente, una separación creciente entre la función universitaria docente y la investigadora. Las universidades compiten entre sí para captar estudiantes (tratados ahora como «clientes»), las titulaciones se consideran «productos» que comercializar y el lenguaje y las técnicas propias de la gestión inundan todos los rincones de la academia.

¿Es la ciencia abierta la solución?

No está claro cuál es la posición del actual movimiento por la ciencia abierta ante esta nueva coyuntura. Por un lado, la mayor parte de sus discursos programáticos parecen obviar la magnitud del problema y sus raíces políticas y económicas, concentrándose casi exclusivamente en el asunto de la publicación científica y su monopolio actual por parte de unas cuantas editoriales —incluso abogan por construir un verdadero «mercado libre» (con más competencia) en torno a la publicación científica. Por otro, a menudo intentan presentar como compatibles la comercialización del conocimiento científico y su carácter público y abierto (Comisión Europea, 2016). Pero aún es más preocupante el uso del término ciencia abierta por parte de iniciativas privadas, basadas en capital riesgo, como Academia.edu o Research.gate que parecen franquear la entrada al ámbito de la ciencia al denominado capitalismo de plataforma, en lo que algunos han empezado a llamar la futura uberización de la ciencia (Mirowski, 2018).

Por último, la ciencia abierta se justifica con frecuencia en la necesidad de acelerar la investigación y los procesos de producción de conocimiento científico, un argumento que curiosamente acepta de forma acrítica la visión productivista de la ciencia y la academia en la que se sustenta el giro neoliberal. Pero no está nada claro que el principal problema de la ciencia actual sea su poca velocidad; muy al contrario: no es extraño que, entre las diversas iniciativas de resistencia que han proliferado en los últimos años, destaque el manifiesto para lo que se conoce como slow science.

Referencias

Aibar, E. 2014. “ Ciència oberta, encerclament digital i producció col·laborativa”. In: T. Iribarren, O. Gassol and E. Aibar (eds.). Cultura i tecnologia: els reptes de la producció cultural en l’era digital. Lleida: Punctum; 99-120.

Boyle, J. 2003. “The second enclosure movement and the construction of the public domain”. Law and contemporary problems, 66 (1/2), p. 33–74.

David, P. A. 2004. “Understanding the emergence of ‘open science’ institutions: functionalist economics in historical context”. Industrial and Corporate Change, vol. 13, 4, 571-589.

European Comission. 2016. Open Innovation, Open Science, Open to the World. http://publications.europa.eu/resource/cellar/3213b335-1cbc-11e6-ba9a-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2

Halffman, W. & Radder, H. 2015. “The academic manifesto: From an occupied to a public university”. Minerva, vol. 53, 2, 165-187.

Mirowski, P. 2018. “The future (s) of open science”. Social studies of science, 48(2), 171-203.

Mirowski, P. 2011. Science-Mart. Privatizing American Science. Harvard (Mass.): Harvard University Press.

Pestre, D. 2008. Ciència, diners i política. Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum.

Piwowar, H., Priem, J., Larivière, V., Alperin, J. P., Matthias, L., Norlander, B., … Haustein, S. 2018. “The state of OA: a large-scale analysis of the prevalence and impact of Open Access articles”. PeerJ, 6, e4375. doi:10.7717/peerj.4375