Arqueología en guerra: patrimonio destruido y expoliado por la barbarie

Gloria Munilla, directora del Máster Interuniversitario del Mediterráneo Antiguo (MIMA), organizado por Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y Universidad de Alcalá de Henares (UAH), analiza qué implican las destrucciones arqueológicas contemporáneas en el Próximo Oriente y el expolio de su patrimonio.

El hundimiento de los regímenes políticos en el Próximo y Medio Oriente, tras la Guerra de Irak (2001-2003) y la Guerra de Siria después del fracaso de la Primavera Árabe en 2011, propició el surgimiento de movimientos políticos fuertemente ideologizados en una concepción religiosa radical como el Estado Islámico (EI) o Daesh.

En los territorios que permanecieron bajo su control se llevaron a cabo una serie de acciones presentadas como la aplicación estricta de los principios islámicos, pero que, de hecho, suponían ataques contra la concepción occidental de la sociedad, como la destrucción de la biblioteca de Mosul y el saqueo de museos y yacimientos arqueológicos como Nimrud, Hatra, Dur Sharrukin (Khorsabad), incluyendo el palacio de Senaquerib, y especialmente el conjunto arqueológico de la ciudad de Palmira, considerada Patrimonio de la Humanidad (World Heritage Site) por la UNESCO desde 1980, donde fueron destruidos los templos de Bel y Baalshamin, el León de A-lat, el Arco monumental, la Torre de Elahbel y diversas secciones del castillo.

No se trata únicamente de una reafirmación ideológica, sino de la transmisión de un mensaje al mundo occidental que entiende los monumentos histórico-arqueológicos como elementos esenciales de un pasado cultural e ideológico común de la Humanidad, por lo que la moderna iconoclastia constituye un acto político y propagandístico, que llego incluso a la decapitación pública del conservador del centro arqueológico, Khaled al-Asaad, acusado de apostasía e idolatría. Las destrucciones realizadas por el Estado islámico desde 2004 no constituyen una excepción, al sumarse, entre otros, al saqueo de los museos egipcios durante las revueltas políticas entre 2011 y 2013, o la voladura por los talibanes de los budas de Bamiyan, también patrimonio de la UNESCO, en 2001.

El trasfondo ideológico para dichas destrucciones no es únicamente la defensa del monoteísmo, sino una versión moderna de la Damnatio memoriae (condena y eliminación de la memoria) romana, un intento de borrar la existencia de una determinada estructura social y cultural en un territorio como sistema para negar el derecho a la existencia representado por los elementos icónicos de su pasado.

Destruir el pasado significa negar el presente y, especialmente, el futuro. Infamar los vestigios del pasado es también una herramienta político-social destinada a reafirmar la posesión de un territorio mediante la desaparición de los elementos tangibles de la historia como forma de desarraigo. La iconoclastia incluye, no obstante, problemáticas diferentes y, en otros casos, la destrucción de los símbolos del pasado, como en el caso de las estatuas confederadas en Estados Unidos, que simboliza una revisión de la propia historia entendiendo que los cambios sociales contemporáneos deben aplicarse también a la construcción del discurso narrativo del pasado.

Sin embargo, las destrucciones de yacimientos arqueológicos por el Estado Islámico tienen también un claro componente de beneficio económico, iniciado por el saqueo de los museos de Irak durante la invasión de 2003, que propició la entrada en el circuito semiclandestino de antigüedades de un gran número de materiales arqueológicos, en parte perdidos definitivamente dentro de las redes ilegales del mercado negro de obras de arte.

Un saqueo que fue seguido por el intento de forzar una modificación de la legislación iraquí que permitiese la exportación legal del patrimonio histórico-arqueológico atendiendo a razones de preservación de la herencia cultural común, en una actualización de las prácticas coloniales que supusieron la exportación del patrimonio arqueológico de Mesopotamia, el Próximo Oriente y Egipto entre finales del siglo XVIII y el siglo XX, que configuraron así las principales colecciones de los museos europeos y estadounidenses.

Estos materiales, junto a los procedentes de los territorios subsaharianos, asiáticos y oceánicos, se encuentran en muchos casos en litigio de devolución tras las reclamaciones de los países de procedencia, pleitos que solamente en una pequeña parte culminan con el retorno de los mismos, perdurando así la fractura y el despojo del patrimonio en aplicación de principios neocoloniales derivados de una errónea, pero arraigada, idea de superioridad cultural.

El tráfico de antigüedades ha constituido durante años una de las principales fuentes de financiación de Daesh que exporta el producto de sus expolios a través de las permeables fronteras de Turquía, Jordania y el Líbano con la complicidad activa y pasiva de las redes de tráfico de obras de arte y de las autoridades políticas, responsables de la comercialización y del cierre de las fronteras.

Un tráfico que ha comportado un volumen tan elevado de exportaciones ilegales realizado casi sin enmascaramiento que forzó la resolución 2199 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 15 de marzo de 2015 por la que se declaraba ilegal el comercio de obras de arte histórico-arqueológicas procedentes de Irak y Siria, en un intento por combatir el tráfico ilícito, aunque sin demasiadas posibilidades de que dicha declaración sirviera para la estructuración ejecutiva de las acciones necesarias para su aplicación, al depender fundamentalmente de la voluntad de dos grupos de gobiernos: aquellos que deben impedir el tránsito de los materiales procedentes del saqueo de museos y yacimientos por su territorio, y los que albergan puertos francos de depósito y “enfriamiento” de los materiales antes de que, una vez “blanqueados”, pueden incorporarse al mercado clandestino del arte y, lo que es peor, en muchas ocasiones al comercio legal.

En concreto, la resolución de Naciones Unidas incluía: la condena a la destrucción de enclaves del patrimonio cultural de Irak y Siria, con especial mención a los edificios de carácter religioso; la prohibición de llevar a cabo cualquier tipo de tráfico de antigüedades con organizaciones como el ISIL, ANF y Al Qaeda; la reafirmación de la ilegalidad del tráfico de obras de arte procedentes de Irak; y la declaración como ilegal del tráfico de obras de arte procedentes de Siria.

En todo caso, las iniciativas de la ONU y la UNESCO se han demostrado ineficaces debido a la propia extensión de la idea de lo que es y significa el patrimonio histórico-arqueológico en muchos países, cuyos dirigentes llegan a considerar dicha destrucción como un problema menor dentro de las tensiones políticas, sociales y económicas que les afectan, mucho más profundas y acuciantes que la conservación de las obras de arte. Posiblemente, entra en juego también una decisión calculada de minimizar la expansión del Estado Islámico dentro de una política de contención de daños que pasa por la colaboración encubierta.  Fachada bombardeada del antiguo mercado de teles (Beirut) Laura Solanilla

Como en cualquier transacción económica, existe la venta como resultado de una creciente demanda, pero no se actúa con la suficiente firmeza frente a las redes de tráfico ni tampoco ante los intermediarios en las transacciones ni los receptores de los materiales, dado que, con excepción de las piezas mejor conocidas y catalogadas, el mercado de materiales arqueológicos y de obras de arte se nutre del desconocimiento de la procedencia y del blanqueo a que son sometidos los objetos expoliados.

La problemática indicada no dispone de una solución a corto plazo pese a que haga ya más de dos décadas de su inicio. Cabe recordar que todavía en la actualidad, y después de tres cuartos de siglo del final de la Segunda Guerra Mundial, las consecuencias del saqueo de los tesoros artísticos europeos por la Alemania nazi continúan sin resolverse pese a la ingente labor realizada, incluyendo, en el caso de Francia, la creación y difusión de fondos documentales destinados a la identificación de los propietarios legítimos de obras que forman parte de las colecciones nacionales francesas y, en su caso, proceder a su devolución.

Si el citado es un caso difícil, pero asumible dado que muchas de las piezas estaban catalogadas antes de 1939, en el caso de los bienes procedentes del saqueo contemporáneo de yacimientos arqueológicos realizados sin ningún tipo de registro técnico, el problema puede llegar a ser irresoluble.